¿QUÉ ES LA TAXONOMÍA EUROPEA?
La taxonomía europea de finanzas sostenibles es una nueva clasificación de las actividades económicas que contribuyen a los objetivos medioambientales de la Unión Europea, tales como mitigar y adaptarse al cambio climático. Este listado de activos permite a los inversores saber, de forma objetiva, si una actividad contribuye significativamente a las metas de sostenibilidad de Europa.
¿POR QUÉ SURGE LA TAXONOMÍA EUROPEA?
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco mundial de desarrollo sostenible: la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. La Agenda 2030 se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental.
Posteriormente en octubre de 2016, se aprobó el Acuerdo de París, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre los objetivos de este acuerdo, está:
- Mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 ºC respecto a la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.
- Fomentar la financiación de las inversiones necesarias para respaldar un crecimiento sostenible.
Es en este punto, cuando la sostenibilidad y la transición hacia una economía segura, sin efectos sobre el clima y siendo resiliente a este, más eficiente en el uso de recursos y circular se convierten en claves para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión.
En 2016, la Comisión Europea designó a un Grupo Técnico de Expertos en Finanzas Sostenibles (TEG en sus siglas en Inglés) para desarrollar un Plan de Acción de Finanzas Sostenibles (2018), con un triple objetivo:
- Reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible
- Integración de la sostenibilidad en la gestión de riesgos
- Fomentar la transparencia y el largo plazo en el sector financiero.
Ante la magnitud del reto y los costes debidos a la falta de acción o al retraso, era evidente que no se podría hacer frente sólo con fondos públicos. La Unión Europea defendió desde el primer momento un aumento de la contribución del sector privado a la financiación de los gastos medio ambientales y relacionados con el cambio climático, en particular a través del establecimiento de incentivos y métodos que alentaran a las empresas a medir los costes medioambientales de su negocio y los beneficios derivados de la utilización de servicios medioambientales.
Es por ello que la medida más urgente del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles era la creación de un sistema de clasificación de actividades sostenibles común para toda la UE; más conocido como
Taxonomía europea de actividades sostenibles.
Dicha taxonomía definiría la sostenibilidad en Europa, convirtiéndose en un referente a escala internacional, y que solucionara así el problema de la diversidad de taxonomías o de definiciones sostenibles.
Su objetivo es crear un lenguaje común y criterios uniformes para identificar en qué medida las actividades económicas se puede considerar sostenibles para el medio ambiente. La disponibilidad de productos financieros que persiguieran objetivos medioambientalmente sostenibles sería una forma de canalizar la inversión privada hacia actividades sostenibles.
Tras el Plan de Acción, el nivel de ambición climática ha seguido aumentando en la UE. En diciembre de 2019 se anunció el Pacto Verde Europeo, que pretende lograr la neutralidad climática de la UE para 2050 y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Agenda 2030. Además, también se anunció una Estrategia Renovada en Finanzas Sostenibles.
La crisis provocada por el Covid no ha impedido que se avance en el compromiso europeo de una transición hacia una economía descarbonizada. En 2020 se han establecido diferentes medidas como el Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo, la propuesta de Ley Europea del Clima y la consulta sobre el Pacto Europeo por el Clima. Además, la UE acordó que aproximadamente un 30% del fondo de recuperación Next Generation EU vaya enfocado a la transición. Esto supone que prácticamente todos los sectores deberán modificarse, incluso el financiero, con la inyección de recursos.
Por tanto,
el objetivo último de la Taxonomía es movilizar capital hacia aquellas actividades que impulsen el cumplimiento de los acuerdos de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos medioambientales de la Unión Europea.
¿A QUIÉN AFECTA Y QUÉ IMPLICACIONES TIENE?
La taxonomía afecta a los participantes de los mercados financieros, que deberán reportar cómo y en qué medida sus actividades (o sus inversiones) están alineadas con la Taxonomía Europea, sirviendo esto de nexo entre el desempeño ambiental y económico.
En el caso de las entidades no financieras sería obligatorio en concreto para las compañías afectadas por la Directiva 2014/95/UE de Información No Financiera.
Sin embargo, que una empresa no esté sujeta legalmente a esta obligación no significa que la Taxonomía no le afecte; ya que de un modo u otro le facilitaría el acceso a capital tanto privado como público. Además, se prevé una revisión de la Directiva Europea de Información No Financiera para, entre otras cuestiones, modificar su alcance, ampliándose así el número de empresas afectadas por los requerimientos de reporte de la Taxonomía Europea. Por último, la Taxonomía Europea puede ser una herramienta muy útil a la hora de realizar diagnósticos y estrategias con el objetivo de dirigir hacia la sostenibilidad el modelo de negocio.
BENEFICIOS DE LA TAXONOMÍA
Hasta no hace mucho una organización podría plantearse “resistirse” a los compromisos de la lucha contra el cambio climático y la transición hacia economías descarbonizadas. Sin embargo, tras la conversión de los compromisos climáticos en obligaciones legales y la concienciación, cada vez más, del sector financiero, es necesario trabajar en esta línea si uno no quiere quedarse fuera de juego.
Para el sector privado facilitará el acceso a financiación tanto privada como pública, como por ejemplo deuda de capital.
En general, toda clase de inversores, se beneficiarían enormemente de la existencia de una taxonomía ya que reduce el riesgo de greenwashing (blanqueo ecológico o ecopostureo), es decir, reduce el riesgo de invertir en activos financieros dudosamente sostenibles o la competencia desleal que asegura ser sostenible sin serlo realmente.
Para aquellos inversores comprometidos con los objetivos de la UE, además reduce los costes de investigación y diligencia de los inversores, y permite disponer de sus carteras con los objetivos de sostenibilidad y etiquetar de manera más eficiente productos de inversión sostenibles.
La sociedad en general se beneficia en la medida que se camina hacia una protección del planeta, un sistema más sostenible, en el que todos los actores debemos colaborar y es muy difícil llevar esa mochila uno solo.
PRINCIPALES RETOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TAXONOMÍA
La taxonomía europea pretende proporcionar, a través de una lista de actividades económicas y de criterios relevantes (que se irá actualizando, según avance la ciencia y la tecnología), un lenguaje común a inversores y compañías sobre
lo que es sostenible y lo que no.
Para ello, la Taxonomía desarrollará una lista exhaustiva de criterios de las actividades que contribuyen sustancialmente a los objetivos medioambientales de la Unión Europea en cada uno de los siguientes aspectos:
- Mitigación del cambio climático
- Adaptación al cambio climático
- Protección del agua
- Economía circular
- Prevención de la contaminación
- Biodiversidad y ecosistemas
Para que una actividad sea considerada como ‘sostenible’, no solo tiene que contribuir sustancialmente a uno de los objetivos, sino tampoco causar un daño significativo a ninguno de los otros cinco objetivos ambientales (cumpliendo con otra serie de criterios) y llevarse a cabo cumpliendo con unas garantías sociales mínimas: las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos humanos, y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
A pesar de las principales ventajas de la Taxonomía, también muestra debilidades, ya que puede resultar particularmente costoso verificar el cumplimiento de los criterios de no daño significativo y de las garantías sociales mínimas. Además, la ausencia de datos o la falta de calidad de estos dificulta enormemente la comprobación de los criterios técnicos, lo que conlleva, en el peor de los casos, dejar de clasificar una inversión o una actividad como sostenible por falta de información.
Sin embargo, una vez salvados estos obstáculos, la implementación de esta normativa expondrá ante la sociedad y los inversores quién es “sostenible” y quién está haciendo “postureo” con un reporting vistoso, pero con políticas y compromisos que no se ejecutan ni están integrados en la misión de la organización.
ENTRADA EN VIGOR ESCALONADA
A partir del 1 de enero de 2022 se deberá reportar tanto por parte de las entidades financieras como de las no financieras afectadas por la regulación qué porcentaje de sus actividades generadoras de ingresos (o de sus inversiones) son “elegibles” según la Taxonomía (sin tener aún que confirmar si se cumplen los criterios o no, esto es, si realmente pueden ser consideradas como sostenibles).
A partir del 1 de enero de 2023, las empresas no financieras deberán reportar la proporción de la facturación derivada de productos y servicios alineados con la Taxonomía, así como la proporción del CAPEX y del OPEX relacionado con los activos y procesos que se asocien a actividades alineadas con la Taxonomía.
Las entidades financieras tendrán hasta el 1 de enero de 2024 para reportar diferentes KPIs (según tipo de entidad) relacionados con la proporción de sus inversiones alineada con la Taxonomía.
PRÓXIMOS PASOS. TAXONOMÍA SOCIAL
Aunque hasta ahora se ha trabajado en una taxonomía medioambiental, está en desarrollo una
taxonomía social que sirva igualmente de lenguaje sobre lo que se considera “sostenible” desde dicho punto de vista. Se espera que el Grupo Técnico de Expertos (TEG) de la Comisión publique a en otoño de 2021 un informe final con sus recomendaciones.
Al igual que la taxonomía ambiental, la taxonomía social ayudará a los inversores a financiar soluciones que garanticen el trabajo decente, las comunidades inclusivas y sostenibles, los intereses de los consumidores, etc., así como a identificar las oportunidades de contribuir a objetivos sociales dentro de los ODS.
En base a esto, la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles ha publicado un informe borrador sobre la taxonomía social el 13 de julio donde se expone lo que podría ser la estructura de esta taxonomía y qué aspectos incluiría.
Sugiere una estructura similar a la taxonomía ambiental: qué constituye una contribución social sustancial, cómo no hacer un daño significativo y qué actividades son perjudiciales.
Sin embargo, expone unas diferencias entre una taxonomía y otra.
Mientras que en la taxonomía ambiental, los criterios tienen una base científica, en la taxonomía social los criterios están basados en normas y estándares internacionales reconocidos como la Carta Internacional de Derechos Humanos o los principios que recoge la Organización Mundial del Trabajo.
Por otro lado, la taxonomía ambiental vincula los criterios a actividades económicas. En cambio, la taxonomía social está vinculada a las entidades económicas (las empresas) ya que algunos aspectos sociales (por ejemplo la negociación colectiva) no pueden vincularse a actividades económicas.
Por todo ello, es más difícil el desarrollo de criterios cuantitativos en la taxonomía social.
El borrador también sugiere objetivos o dimensiones vertical y horizontal.
Los objetivos verticales estarían vinculados a productos y servicios que cubren las necesidades humanas e infraestructuras básicas. Mientras que los objetivos horizontales incluirían los impactos en los distintos grupos de interés (stakeholders), como empleados, clientes y consumidores y comunidades.
Es decir, la primera cuestión se vincula a asuntos como el acceso a servicios básicos como la educación, a la salud, vivienda digna, acceso al agua potable, etc. y/o a mejorar el transporte, las telecomunicaciones, gestión de residuos, etc.
La segunda cuestión tiene que ver con cuestiones como garantizar el trabajo digno, promover los intereses de los consumidores y crear comunidades inclusivas y sostenibles.
ÚLTIMAS NOVEDADES
El pasado 3 de agosto de 2021, el Grupo Técnico de Trabajo (TWG) de la
Plataforma de Finanzas Sostenibles publicó un borrador de informe sobre recomendaciones preliminares para los Criterios Técnicos de Selección para los cuatro objetivos ambientales no climáticos establecidos en el Reglamento de Taxonomía de la UE.
El borrador del informe se centra en presentar un primer conjunto de actividades económicas prioritarias y un borrador de recomendaciones para definir la Contribución Sustancial a los objetivos ambientales y los criterios de No Causar Daños Significativos (DNSH) en relación con el agua y los recursos marinos, la economía circular, la prevención de la contaminación y la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.