El pasado 23 de febrero, la Comisión Europea ha publicado una propuesta de Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa, cuya finalidad es fomentar la sostenibilidad y responsabilidad corporativa en la cadena de valor de la empresa. Se exigirá a las empresas identificar y prevenir, eliminar o mitigar impactos adversos resultado de sus actividades sobre Derechos Humanos o sobre el medio ambiente. Por tanto, está orientada a beneficiar a los ciudadanos, las empresas y los países en desarrollo. El contexto en el que se enmarca esta directiva es que entre las prioridades legislativas de la Unión Europea para el 2022 está el compromiso de mejorar el marco regulatorio en materia de gobierno corporativo sostenible. Además, atendiendo a los informes de reporting como el Estado de Información no Financiera, cada vez más empresas utilizan procesos de Debida Diligencia para identificar riesgos en su cadena de valor. Esta directiva propone:

• • Integrar la Debida Diligencia en las estrategias, partiendo de la alta dirección.
  • Mejorar las prácticas de gobierno corporativo para, a su vez, mejorar la gestión de riesgos y los procesos de mitigación de impactos sobre Derechos Humanos y el medio ambiente, derivados de la cadena de valor en las estrategias empresariales.
  • Aumentar la responsabilidad de las empresas ante impactos adversos y asegurar la coherencia de las empresas en el marco de las iniciativas y propuestas de la UE existentes.
  • Supervisar la aplicación del plan de Debida Diligencia por parte de la alta dirección, considerando las consecuencias que pueda tener con relación a los DD.HH. o al medio ambiente.
  • Mejorar el acceso a recursos para los afectados por los impactos adversos sobre los Derechos Humanos e impactos ambientales adversos del comportamiento de las empresas, a través de procedimientos de reclamaciones.

Con esta propuesta se completaría la actual Directiva de Divulgación de Información No Financiera añadiendo obligaciones corporativas para identificar, prevenir y mitigar los daños externos resultantes de impactos adversos sobre Derechos Humanos y el medio ambiente derivados de las operaciones de las empresas y en su cadena de valor. Así, se busca que la divulgación sea más completa y efectiva.

Su aplicación, como en otras directivas y leyes, se adapta al número de empleados y el volumen de negocio. Para compañías de la UE, se dividirá en dos grupos. Un primer grupo mayoritario, con empresas con responsabilidad limitada (con más de 500 empleados y más de €150 M de volumen de negocio neto en todo el mundo) y un segundo grupo de empresas de responsabilidad limitada que operan en sectores definidos como de alto impacto, que no cumplen los dos criterios del grupo uno, pero que tienen más de 250 empleados y un volumen de negocio neto de al menos €40 M. Para este segundo grupo, las normas empezarían a aplicarse dos años más tarde que para las del primer grupo. A diferencia de otras directivas, considera un tercer grupo de empresas no pertenecientes a la UE, con los mismos criterios que para las empresas de la UE. Las microempresas y PYMES quedarían fuera del alcance de esta directiva, aunque la propuesta prevé medidas de apoyo específico. Si deseas ampliar información, puedes contactar con nosotros a través del correo: zitec@zitec.es ¿Quieres mantenerte actualizado de este y otros contenidos? ¡Síguenos!